Derechos obligatorios. Deberes voluntarios.

¡Estamos de enhorabuena, queridos amigos libertarios! ¡Se han abolido las obligaciones! Véase, si no, cuánta delicadeza y respeto por nuestras preferencias y nuestra voluntad muestran nuestros solícitos pastores en el istructivo testo de la Ley Auschwitz de Galicia: o sea, en el istructivo testo de la Proposición de modificación de la ley de Salud de Galicia (8/2008, 10 de julio), publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia el 23 de noviembre del 2020, que se puede leer íntegra aquí (los subrayados y la numeración de los pasajes son míos):

1. «Se recogen, asimismo, siguiendo la línea de lo ya indicado en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, las reglas de preferencia por la colaboración voluntaria de los afectados con las autoridades sanitarias, la prohibición de adopción de medidas obligatorias que comporten riesgo para la vida [...]» (p. 63)

2. «La adopción de estas medidas requerirá la colaboración voluntaria de las personas afectadas o, a falta de esta, la necesaria garantía judicial [...] b) Se buscará siempre con preferencia la colaboración voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias. c) No se podrán ordenar medidas obligatorias que comporten riesgo para la vida.» (p. 76)

3. «La ejecución de las medidas podrá incluír, cuando resulte necesario y proporcionado, la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas, con independencia de las sanciones que, de ser el caso, se puedan imponer. Para estos efectos, se solicitará la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecución de las medidas.» (p. 77)

4. «Se tipifican como infracciones graves en salud pública [...]

d) La falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamento prescrita o indicada por los profesionales sanitarios o por las autoridades sanitarias con motivo de la atención sanitaria a personas diagnosticadas de una enfermedad transmisible o con síntomas de dicha enfermedad, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.

e) La falta de cumplimento voluntario de la obligación de cuarentena indicada o prescrita por las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios, el personal encargado del rastreamiento y seguimiento de contactos o cualquier otro agente de salud pública que tenga encomendadas estas funciones, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.» (p. 86 s.)

5. [Lo mismo, mutatis mutandis, para las infracciones muy graves.]

Se ve bien el juego, ¿no? El aislamiento y la cuarentena no son obligatorios: serán mayoritariamente voluntarios, y sólo en los casos en que no sea así se recurrirá a la «compulsión directa sobre las personas». Creo recordar que era Ferlosio el que hablaba de la abyección del poderoso que pide el sometimiento voluntario a lo que, si no es queriendo, será por la fuerza. Pero este viejo recurso del poder está adquiriendo un grado de refinamiento verdaderamente vomitivo, porque en este caso, como veis, el no querer tiene además un castigo aparte. Los últimos pasajes nos iluminan sobre el sentido de la expresión «preferencia por la colaboración voluntaria» de los primeros. Cuando a uno le prescribe o indica cualquier esbirro de la salud pública que se aísle o se cuarentene, o lo hace voluntariamente o lo hace por la fuerza, pero, si es por la fuerza, además de chuparse el aislamiento o la cuarentena, como ha cometido una falta grave o muy grave (no someterse voluntariamente), tendrá una sanción, que está bien estipulada en el mismo escrito que nos ocupa. Infracciones graves: de 3.001 a 60.000 euros; muy graves: de 60.001 a 600.000 euros, o «hasta el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción»; pero sobre todo, en el caso de las muy graves, se puede añadir «a) La prohibición de percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones por parte de la Administración pública autonómica y local gallega por un período de entre uno y cinco años. b) El cierre temporal de los establecimientos o servicios por un plazo máximo de cinco años.» (además, «la cuantía máxima de las sanciones de multa previstas [...] se podrá incrementar hasta alcanzar el importe del beneficio ilícito obtenido con la comisión de la infracción de que se trate»). No se olvide que, como suele suceder, varias infracciones leves (en este caso en un año) valen por una grave, y que varias graves (en este caso en cinco años) valen por una muy grave.

Se trata, como se ve, de forzar la colaboración voluntaria.

No les basta con que obedezcas: tienes que querer obedecer.

Podemos agradecerle a este demencial documento, que no es en este sentido más que otra de las muchas muestras de la desvergüenza imperante, que nos haga ver más clara que nunca la falsedad de la vieja oposición entre 'voluntad' y 'obligación'. Ahí la tenéis, la voluntad: eso era.

* * *

Todo lo cual me recuerda también esto que escribí cuando cayó la gran nevada, acordándome de cuando, a principios de abril, nuestros pastores hablaron por primera vez de la creación de centros de aislamiento para supuestos contagiados:

(12 y 14 de enero, 2021) En un paso histórico para la democracia española, el gobierno de “ppsodemos jodervox y vox jodemox” ha sacado adelante el proyecto social más ambicioso de su última legislatura: la creación de plazas de asilo en varios centros residenciales para todos y cada uno de los súbditos mayores de 65 años o jubilados de otras edades, lo que evitará que las personas vulnerables se encuentren desatendidas y constituyan una carga para sus familiares allegados. Cuando el jefe del partido “Noperosí” de la oposición preguntó si el acceso a tales plazas era un derecho o una obligación, el presidente subtercero del másgobierno fue claro:

“El acceso a estas plazas es un derecho democrático que garantiza la igualdad democrática. Es obligación del estado democrático salvaguardar los derechos democráticos. Por ello, la ocupación de estas plazas no puede ser nunca obligatoria. Se contemplan como únicas excepcionalidades los casos en los que los individuos no se presten a ejercer este derecho voluntariamente. Estos casos se prevé que serán muy pocos, dada la gran conciencia y disciplina social del pueblo español, que ha quedado fuera de toda duda en los últimos tiempos.”

La presidenta de “Somosmásguays”, por su parte, atacó en sentido contrario, acusando al gobierno de dejar fuera del proyecto a muchas personas y grupos vulnerables menores de 65 años o no jubiladas pero también necesitadas, incluso sin ellas saberlo, del mismo apoyo institucional, y adelantó sus sospechas de que tales plazas no cumplieran con los mínimos requisitos para garantizar el respeto a la diversidad de sus ocupantes. El triceministro consorte de asuntos fecales lo negó en redondo:

“Todas las plazas contarán con acceso continuo a internet. De hecho, son poco más que eso, un catre y una tanda de medicamentos diarios. Se trata de un proyecto de carácter eminentemente humano. Recuérdese además que los campos de jubilados, por usar el apelativo cariñoso con el que la masa ya los llama, se situarán en posiciones estratégicas desde el punto de vista geopolítico, alejados de los centros poblacionales y de las vías principales y secundarias de comunicación. Ello permitirá una concentración mayor de usuarios, que podrán así recibir la necesaria atención sanitaria más fácil y discretamente, con lo que se protege la privacidad de sus datos de salud, sobre todo en los casos de tratamientos nuevos experimentales. Ni que decir tiene que la ciencia médica geriátrica espera ver grandes avances gracias a este sistema, cuya principal característica es que todo su potencial científico y tecnológico está subordinado a su carácter humano. Y además, que si hay algún problema, pues mandamos a la UME”.

“¡Ah bueno! Si es así…” —clamó el hemiciclo unánimemente. Y el proyecto se aprobó por la más estricta unanimidad democrática, que es el síntoma más elevado de la pluralidad respetuosa y consciente de la necesidad de mantener una unidad no politizada por encima de los intereses de partido y las propias opciones políticas cuando se trata de una cuestión tan humana como lo es el bienestar y la supervivencia de nuestros mayores.

Relacionado: FACT-CHECK: Falso: Los campos de jubilados no privan de libertad a nuestros mayores ni los alejan de sus seres queridos.

Algunos ciudadanos se manifiestan en las redes afirmando que la reciente aprobación del proyecto de los campos de jubilados atenta contra el derecho de los mayores a la libre elección y que esta forma de vida les impide mantenerse unidos a sus allegados. Los expertos en viejología responden taxativamente: Falso. El usuario es siempre libre de elegir ir a estos centros voluntariamente. Sólo en los casos excepcionales de quienes se resistan a ejercer este derecho se buscarán otras soluciones distintas a la voluntariedad para garantizar los derechos a la protección y la igualdad de las personas más vulnerables, que no pueden ser discriminadas por ninguna razón, y tampoco por su forma de pensar. Estos derechos inalienables no pueden ceder tampoco a la presión de familiares y allegados.

“No se trata sólo de los campos. Lo que está en juego es un cambio de mentalidad —explica el dr. Empedros—. Debemos dejar de pensar en las personas mayores como si no fueran personas tan válidas como las demás. Una persona mayor no ha perdido sus derechos y no debe plegarse a la voluntad de otras personas, por más cercanas que sean. Y por desgracia sabemos que, debido a la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, esta adaptación a la voluntad de los seres cercanos es más habitual de lo que sería de desear. La misma presión puede producirse a veces en sentido inverso, del viejo al allegado. De ahí la importancia del apoyo institucional, que ofrece la posibilidad de una elección no mediatizada y permite que las relaciones personales se vivan más plenamente en su verdadera esencia afectiva, no influenciada por falsas obligaciones impuestas por los convencionalismos sociales y materiales”.

Los campos de jubilados, con su conectividad absoluta, son un proyecto de unión y respeto más verdaderos y humanos que muchas de las situaciones convivenciales que se han venido dando hasta ahora y suponían una carga, a menudo de consecuencias trágicas, tanto para la persona mayor como para sus allegados.

“Y, en último extremo, la solución es fácil: quien no quiera ir a los campos, que se muera”,

sentencia, humanamente, el dr. Empedros.