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Las autoridades sanitarias no saben / no contestan si hay que justificar con algún documento la exención del uso de mascarilla

Artículo de Virginia, 4 de Mayo del 2021.

¿Tienen obligación quienes estén exentos del uso de mascarilla de enseñar algún tipo de documentación a la policía o a otras autoridades? Ninguna ley establece tal obligación, que por otro lado parecería atentar contra eso que llaman «derecho a la intimidad» y tal. Si se les pregunta a las autoridades, la Dirección General de Salud Pública contesta con que no sabe / no contesta, porque tal información, incluso aunque se pida al amparo de la ley de trasparencia, resulta que «no son datos obrantes en este organismo sino la elaboración de un informe sobre una situación hipotética».

¡Si es que no le ponen a uno fácil ni obedecer! Menos mal que los policías, los periodistas y hasta los empleados de supermercado, que suelen exigir un justificante médico, porque, según ellos, la ley así lo establece, saben más del asunto que las propias autoridades sanitarias. ¡Adónde íbamos a parar si no fuera por la conciencia cívica y la responsabilidad de los propios ciudadanos, que, llegado el caso, va más allá de la letra de la ley! He aquí el texto de una petición de acceso a la información pública sobre la cuestión que se hizo el 14 de enero al Ministerio del Interior, al amparo de la ley de trasparencia (19/2013, de 9 de diciembre):

Según la ley vigente al respecto (el Real-Decreto 21/2020, de 9 de junio y las diversas normativas autonómicas), entiendo que una persona persona exenta del uso de mascarilla no tiene obligación de mostrar un documento médico para justificar esa exención y que tampoco existe el derecho de exigírselo, ni para empleados de negocios privados ni para trabajadores de la administración pública ni tampoco para los agentes de la policía u otras fuerzas del orden.
¿Podrían confirmarme que ello es así?

Gracias por su atención. Un cordial saludo.

La detallada respuesta, que viene de la Dirección General de Salud Pública, puede resumirse citando sólo esto:

[...] toda vez que lo que se solicita no son datos obrantes en este organismo sino la elaboración de un informe sobre una situación hipotética [...] se inadmite a trámite la solicitud de acceso [a la información.]

Una petición muy parecida se hizo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y obtuvo idéntica respuesta. Los cuatro documentos pueden verse completos este enlace [1]. La nueva legislación sobre el uso de mascarillas de la Ley 2/2021, de 29 de marzo de 2021 [2], publicada en el B.O.E. del 30 de marzo, es exactamente igual al Real-Decreto 21/2020, de 9 de junio de 2020 [3], en lo tocante a las exenciones (véase el artículo 6.2).

Lo que esta respuesta confirma es que no hay una ley que establezca la supuesta obligación de enseñar un justificante médico de exención de mascarilla, porque, si la hubiera, no habría necesidad de reelaboración ninguna. Para averiguar si tal cosa puede ser obligatoria, tendrían que hacer un mejunje de leyes que ahora mismo no les apetece hacer, no vaya a ser que no les salga a su gusto.

Entretanto, la fe en una ley que nadie puede citar impera en todas partes, y a quienes no llevan mascarilla se les exige constantemente que enseñen un documento médico que justifique su exención. Si no lo enseñan, se les impide hacer su vida normal (comprar, hacer gestiones en la administración pública, coger el autobús, ir al médico, etc.), lo que equivale a coaccionarlos para que se pongan la mascarilla. También puede pasar que la policía les haga una propuesta de sanción por infracción de la obligación de usar mascarilla, a no ser que, más grave, se la haga por desobediencia a la autoridad. Porque, diga lo que diga la ley, los policías se sienten con derecho a exigirle a cualquiera que les enseñe un justificante médico o se ponga la mascarilla. Uno de sus argumentos preferidos es: «Si no, ¿cómo sé yo que usted no me está engañando y no está de verdad exento?». Uno ha de mostrarse comprensivo con tales inquietudes policiales, y, ya que preguntan con tan candorosa ingenuidad, intentar ayudarlos lo más posible con nuestra respuesta: «Tiene usted razón, hijo: no le dan a usted manera de hacer esa averiguación, pero eso ya no se lo puedo solucionar yo: tendrá usted que hablar con quien ha hecho la ley. Haga usted una petición de información pública, a ver qué le dicen, pero...».

Ahí ya es cuando te pueden soltar lo de la desobediencia a la autoridad. Según les dé.

¿De dónde viene esta creencia generalizada entre empleados de supermercado, guardias de seguridad, agentes de policía, etc., en que quienes estén exentos del uso de mascarilla deben llevar y enseñar un justificante médico, si en la ley estatal que establece la obligación del uso generalizado de mascarillas no se dice que las exenciones de esa obligación deban justificarse de ninguna manera?

Esa ley era, cuando se hizo esta petición de información pública, el Real Decreto 21/2020 de 9/6/2020, y ahora, la Ley 2/2021, de 29/3/2021, que, como hemos dicho, no introduce ninguna diferencia con respecto al decreto en lo tocante a las exenciones. Y entonces, ¿cómo es que todo el mundo cree que la ley establece esta obligación?

El 3 de mayo se había publicado la Orden TMA/384/2020 [4] «por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte» y el 20 de mayo, la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo [5], «por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19». En la primera no se mencionaban siquiera las exenciones, y en la segunda se establecían cuatro motivos de exención:

a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla.
d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Subrayado mío. Como se ve, la debida justificación se establece sólo para la excepción b), y no se especifica en qué consiste. En todo caso, corrijáseme si me equivoco, pero ¿no hay que entender que lo que dijera esta orden no cuenta ya, dado que, una vez publicado el RD 21/2020, y después la Ley 2/2021, era el RD y luego la Ley lo que regula el uso de mascarillas? Y ni en el Real Decreto ni en la Ley de marzo de 2021 se dice que las excepciones a la obligación del uso de mascarillas hayan de justificarse de ninguna manera —piensen lo que piensen empleados de supermercado, conserjes de edificios públicos, reporteros periodísticos, conductores de autobús, guardias de seguridad o agentes de policía. El punto 2 del artículo 6 de la ley vigente lo que dice es:

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Y sin embargo prácticamente todo el mundo está seguro, sin haber leído la ley, de que la ley obliga a quienes estén exentos del uso de mascarilla a llevar, y no sólo llevar, sino enseñar a quien se lo pida, un justificante médico de los problemas de salud que lo eximen. Y las autoridades sanitarias no tienen ningún interés en deshacer este malentendido provocado por ellas mismas.

Lo que la ley diga es irrelevante en la práctica de la vida corriente si todo el mundo, incluídos los encargados de hacerla cumplir, piensa que dice otra cosa y actúa en consecuencia. En honor a la verdad, no es absolutamente todo el mundo: unos pocos policías no tienen mayor inconveniente en admitir que la ley no obliga a enseñar justificantes, pero sostienen que es muy aconsejable hacerlo porque ellos tienen que proponer para sanción de todas maneras si no se les enseñan porque son sus órdenes. Y también están, y son más numerosos, los guardias de seguridad, empleados del metro y demás, que, ante cualquier alusión a la ley, contestan con soberano desprecio que la ley les da igual, que es obligatorio y punto y que ya te estás largando, que no te quieren ver por ahí.

Así que lo que diga la ley es irrelevante en la práctica de la vida corriente, pero es de creer que no será irrelevante desde otros puntos de vista, porque, si no, ¿por qué habría desaparecido de la ley vigente eso de «debidamente justificados»? Seguramente porque eso de andarle exigiendo a la gente que muestre documentos médicos al primer policía, guardia o dependiente que se los pida no debe de ser del todo de recibo dentro de las regulaciones legales de derechos a la intimidad, privacidad y demás [6]. Aparte de que muchos de los motivos de exención establecidos no pueden justificarse con documento médico.

Así que, por un lado, los legisladores, habiendo establecido todo tipo de exenciones y ninguna obligación de documentarlas, quedan a salvo de cualquier acusación de estar atentando contra la salud y la intimidad de los ciudadanos: quien se ponga la mascarilla a pesar de que le produzca algún tipo de perjuicio (respirar mal, ver peor, no hablar bien, etc.) es por su propia voluntad, no porque la ley lo obligue; quien enseñe un justificante médico, lo mismo. Y, por otro lado, como se ha promovido la creencia de que sí que hay obligación de documentar las exenciones, pues lo que rige en la calle es una ley no escrita pero muy conveniente para la representación de esta gran farsa de la pandemia tan mala, tan contagiosa y tan mortal que nos obliga a ir todos amordazados.


NOTAS:

[1] https://ia601501.us.archive.org/24/items/inf-publica-justif-exencion-masc/Inf%20pública%20Justif%20exención%20masc.pdf

[2] https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf

[3] https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

[4] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4789

[5] https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

[6] De manera parecida, también en la legislación posterior ha desaparecido la insostenible justificación científica de la ley de mayo del 2020: «El uso generalizado de mascarillas por parte de la población general para reducir la transmisión comunitaria del SARS-CoV2 está justificado no solo por su alta transmisibilidad, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas para bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad».



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